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Plan de Agua CDMX

¿El manejo del agua en la CDMX será de verdad sustentable?

El 17 de octubre de 2016, la Secretaría del Medio Ambiente publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 2013-2018, también llamado “Plan de Agua para el Futuro CDMX”. Este documento se compone de seis apartados: 1) Antecedentes; 2) Objetivo y políticas públicas; 3) Principios rectores; 4) Marco conceptual y legal; 5) ejes estratégicos, y 6) Integración del PSGSH. Puede consultarse en la liga:

http://www.paot.org.mx/centro/programas_a/2016/GOCDMX_17_10_16.pdf?b=po

¿Cómo se aborda la problemática del agua en la CDMX?

El Plan inicia señalando la relación crítica y la problemática actual entre oferta y demanda de agua, e indica dos líneas de acción:

1) Una reforma legal.

2) Construcción y rehabilitación de infraestructura hidráulica.

Estas líneas se sustentan en la búsqueda de una relación estrecha entre SACMEX y usuarios (incremento de la calidad de vida de éstos), la rendición de cuentas y la protección del medio ambiente.

 Entre los objetivos generales del documento resalta la “exploración” de alternativas tecnológicas, de infraestructura y administración para satisfacer la demanda social de agua potable de calidad, en forma suficiente y continua, equitativa e inclusiva en un marco de sustentabilidad (que se puede entender, entre líneas, como social, económica y ambiental).

SACMEX busca incrementar el ritmo de construcción, mantenimiento y gestión de infraestructura y recursos con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de los sistemas hidráulicos. En este mismo tópico se encuentra el consolidar la cultura del agua y la participación ciudadana.

 Asimismo, destaca el objetivo supuestamente referido a SACMEX de aumentar sus capacidades institucionales, cambiar su estructura organizativa y pasar de ser un organismo desconcentrado a uno descentralizado[1], de forma que se le otorgue mayor autonomía técnica, administrativa y financiera, lo que supone, según ellos, eficiencia comercial, aunque en el programa no hay mayor desarrollo de esos dos procesos.

 En el apartado 3, Principios rectores, se define la misión y la visión encaminadas a la satisfacción de la demanda de servicios hidráulicos de los habitantes de la CDMX de manera eficiente, suficiente y sustentable. Sin embargo, con lo descrito arriba, más bien encarecería los servicios a la ciudadanía.

En relación con el marco conceptual y legal contenido en el apartado 4, se presenta una serie de definiciones y artículos de la legislación; de manera amplia y con datos duros se presenta un breve contexto histórico; el diagnóstico al 2013 del sistema hidráulico, que en términos generales se caracterizaba por la sobreexplotación del acuífero, hundimientos, deterioro en calidad y disponibilidad del agua, falta de presupuesto que no cubría los costos, ni la inversión requerida, altos costos, impacto moderado de contaminación, etcétera.

 Esta problemática tiene diversos factores desencadenantes, entre los que se identifican: la reducción de recarga natural; la erosión hídrica de suelos; el crecimiento demográfico; el aumento de procesos contaminantes (aire, agua, suelo), y el cambio en uso del suelo. También se presenta un escenario tendencial del deterioro de los indicadores de gestión y servicio de agua hacia el 2025.

 Para hacerle frente a los escenarios presentados, se plantean cinco ejes estratégicos para la sustentabilidad y gestión de los servicios hidráulicos alineados a objetivos, políticas y programas sectoriales con sus líneas de acción. Se presenta también en el numeral seis un marco metodológico y un diagrama de flujo con sus respectivas metas para la integración del programa.

 ¿Y de verdad este programa es sustentable?

El programa tiene una concepción sistémica y una orientación gradualista condicionada a la disponibilidad financiera. Es evaluable sobre la base de indicadores de desempeño y proyecta un plan de inversiones a 25 años. El enfoque del programa considera cuatro perspectivas: servicios, recursos e infraestructura hidráulica, así como las actividades institucionales, fundamentalmente de SACMEX en relación con el ambiente y el aparente bienestar de la población. Sin embargo, los cambios que propone implican riesgos para los intereses de la población de la CDMX.

  • Descentralización de SACMEX.

El principal riesgo identificado en esta propuesta es que descentralizar SACMEX le daría el suficiente poder para tomar decisiones autónomamente y, de acuerdo con especialistas en el tema, esto permitiría al organismo concesionar todos los servicios; fijaría las tarifas de agua sin revisión pública ni el aval legislativo, además de optar por el modelo de los APP (Acuerdos Público-Privados) que en la práctica privatizan el servicio, dando instrumentos legales a privados para cobrar adeudos –léase sancionar de manera severa el no pago o cortar el suministro a partir de dos adeudos— de un recurso estratégico que es un derecho humano y no una mercancía para producir ganancias a particulares, concretamente a las empresas Veolia, Suez y Gutsa, empresas trasnacionales que ya tienen concesiones en la Ciudad de México.

  • Suministros en bloque.

Uno de los temas de mayor controversia es el que se refiere a grandes bloques suministrados preferentemente a compañías privadas para que las puedan revender, ya que los contratos de este tipo de suministro se rigen por las normas del derecho privado. Por ejemplo, el organismo encargado del suministro –que puede ser Conagua o SACMEX— no puede obligar a la compañía suministrada a realizar la revisión de equipos de medición, a realizar cobros promedios o a pagar el agua de contado, y en cambio puede hacerlo por medio de abonos “chiquitos”. Tampoco le puede suspender el volumen pactado en el contrato, es decir, el suministrado tiene derecho a consumir todo el volumen sin pagar más, así tarde varios años en consumirlo. Esto permitiría a la empresa controlar el suministro de agua al mantenerla “almacenada” y abrir la puerta a la especulación con ella, por ejemplo.

  • Concesión de la planta de bombeo de Atotonilco.

El otro tema controvertido que se asoma en el Programa, aunque no se consigne en el mismo, es el que tiene que ver con la concesión de la planta de bombeo de Atotonilco, Hidalgo, que se encargará de la extracción de aguas residuales de la Ciudad de México para evitar que se inunde, además de permitir su reúso, y cuyo volumen se espera mayor a los 23 mil litros. Dicha concesión a 25 años recayó en las empresas Acciona Agua, Atlatec, ICA e IDEAL, las dos últimas propiedad de Carlos Slim Helú; Aguas Tratadas del Valle de México SA es el nombre oficial, que contó con la autorización del Gobierno Federal, así como de Conagua, los gobiernos de la Ciudad de México e Hidalgo, así como de presidentes municipales.

El esquema de negocio garantiza 8% de utilidades por encima de la recuperación de sus inversiones y sus costos de operación. A ese escenario, hay que sumar los dos grandes gasoductos que están programados para correr desde el Golfo de México, y el el Océano Pacífico respectivamente, para confluir en Atotonilco.

La versión amable de la planta de bombeo es que permitirá el tratamiento de aguas residuales para el riego de 90 mil hectáreas de campo hidalguense; producirá 85 por ciento de la energía que requiere para su funcionamiento al aprovechar el gas metano; ayudará a traer agua del estado de Hidalgo a la Ciudad de México para su potabilización, y acabará con la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

Según las autoridades, la planta de Atotonilco y el Emisor Oriente son “la dualidad perfecta”, para junto con el Drenaje Profundo resolver el tema de las inundaciones y suministro de agua en la Ciudad de México y la zona conurbada, al permitir su saneamiento y aprovechamiento, pero de acuerdo con especialistas, en el fondo el proyecto se reduce a un gran negocio financiado con recursos públicos, además de representar el principio de la privatización de las aguas mexicanas.

El costo de inversión para construir los 62 kilómetros que comprende el Emisor Oriente y desalojar directamente en la planta de Atotonilco 150 metros cúbicos por segundo de aguas residuales, estaba calculado originalmente en 19 mil millones de pesos pero tuvo reajustes y para 2018 se estima supere los 32 mil millones.

Como puede observarse, el programa tiene una orientación abiertamente favorable al capital privado, lo que puede representar una amenaza al acceso al agua de sectores poblacionales desfavorecidos. La privatización de servicios públicos no siempre ha sido una experiencia exitosa. Basta recordar los desastrosos resultados con la industria eléctrica en California, E.U. a finales de los años 90. La sustentabilidad no sólo corresponde a las acciones en el ámbito ambiental, sino que involucra necesariamente a la economía y a la sociedad. Si una política pública no cubre alguno de estos ámbitos, no puede considerarse sustentable.

[1] Desde la política, planeación y administración se entiende por desconcentración un sistema administrativo jerarquizado en el que el poder de decisión lo tiene la dirección del órgano y solo se delegan servicios y autoridad en procesos administrativos a instancias inferiores, mientras que la descentralización significa un proceso de implementación de un sistema administrativo y político en donde ciertos poderes de decisión son asumidos por órganos autónomos y que tienen cierta personalidad jurídica, recursos y autoridad propia.

 

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